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Ante la acusación presentada por el Ministerio Público (MP), fueron condenados a 9 años, 6 meses y 15 días de prisión tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), tras admitir su responsabilidad en el secuestro de Armando Lara,  ocurrido el 28 de marzo de 2007, en Filas de Mariche, estado Miranda.

En la audiencia preliminar, los fiscales 41º nacional auxiliar, 126º y 153º auxiliares del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Isabel Sierra, Humberto Ordaz y Luis Caruto, respectivamente, ratificaron la acusación contra los funcionarios Alexander Herrera, Eduardo Fernández y Norberto Centeno como facilitadores en el delito de secuestro.

Asimismo, el Ministerio Público ratificó la acusación contra los tres funcionarios por los delitos de  peculado de uso y lesiones personales leves, este último delito perpetrado contra un efectivo policial.

Luego que Herrera, Fernández y Centeno admitieran su responsabilidad en el hecho, el Tribunal 42° de Control del AMC dictó la referida sentencia condenatoria para los hombres, quienes permanecen recluidos en la sede de la Brigada de Respuesta Inmediata del Cicpc, ubicada en Caracas.

Igualmente, los representantes del Ministerio Público ratificaron la acusación contra el funcionario del Cicpc, Gonzalo Pacheco, por el delito de lesiones personales leves, y tras la admisión de hechos, el mencionado Tribunal de Control acordó una suspensión condicional del proceso y estableció un régimen de presentación periódica cada 30 días durante un año.

Adicionalmente, el Ministerio Público ratificó la acusación contra el funcionario de dicho cuerpo de policía científica, Nelson Leal, logrando el enjuiciamiento del hombre.

De acuerdo con la investigación, el citado día, en horas de la noche, los funcionarios del Cicpc participaron en el secuestro de Armando Lara, en el sector Filas de Mariche.        

Igualmente, en el año 2007, causaron lesiones personales leves al efectivo de la extinta Policía Metropolitana, Antonio Márquez, en el sector Las Adjuntas, en las adyacencias de la estación del Metro, ubicada en esa zona.

El 31 de marzo de 2007, el Ministerio Público solicitó ante la referida instancia judicial órdenes de aprehensión contra los funcionarios, las cuales fueron acordadas, por lo que posteriormente fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público.